Observo en los juzgados de lo Social, diversos equipos médicos, defender criterios ante el Tribunal, que carecen de consistencia y apoyo legal a sus conclusiones. Ejemplo de ello, lo tenemos cuando se intenta defender la valoración de un informe de discapacidad, sin haber aplicado el propio baremo que especifica la normativa vigente. Si, parece mentira, pero aplicar el baremo de discapacidad realizando el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, adaptándolo a la regulación vigente, no es fácil y no muchos profesionales pueden hacerlo sino se está actualizado y bien formado, desde el punto de vista técnico. Por todo ello, me da pena observar como los clientes salen de los centros de calificación o de los juzgados, desorientados y decepcionados, porque no han visto claro el resultado del mismo. Luego vienen las excusas de los profesionales del derecho y de los médicos indicando que ha sido el juez o el centro de calificación quien ha dictaminado la resolución no favorable. Si eso es cierto, pero ¿estos profesionales que ha contactado el cliente, han realizado todo lo posible y profesionalmente hablando, para que el cliente este satisfecho? ¿el cliente ha valorado todos los aspectos técnico jurídicos y no solo económicos, para poder elegir a quien lo representará?

Es muy importante tener la idea clara que lo barato no siempre es lo mejor para nuestros intereses y aún más, cuando podemos obtener unos beneficios de una resolución administrativa. Actualmente, sigo viendo informes periciales de 1 folio que me dan pena porque no cumplen ni con los mínimos estándares de calidad profesional pericial.

Los clientes deben valorar varios aspectos en la decisión de contratar a los profesionales que deben representarnos, no olvidar de conocer previamente su curriculum profesional, su formación en el área a tratar, y su experiencia, en fin lo que se llama su capacitación profesional para representarnos, y todo ello se puede saber hoy en día de una manera fácil por la web.